La Misión de Solidaridad y Derechos Humanos, integrada por referentes políticos, sociales y sindicales, presentó su informe final sobre la "actuación represiva" desplegada en junio pasado por "las autoridades de la provincia de Jujuy" contra la población civil que se manifestó en contra de la reforma constitucional, y tipificó la "vulneración sistemática y generalizada" de los derechos de los manifestantes como "delitos de lesa humanidad".   El espacio multidisciplinario estuvo desde el 16 al 26 de junio en Jujuy, como lo hizo previamente en otros países, ante las múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos por parte del Gobierno jujeño.   "El Estado Argentino es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de junio de 2023 por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio jujeño", sostuvo la Misión en las conclusiones del informe de 75 carillas al que accedió Télam.   "Gran parte de las vulneraciones -constatadas-, por su carácter sistemático y/o generalizado y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los DDHH", agregó.   También observó que el Estado de Derecho y el orden democrático en Jujuy se vieron "gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales".   La Misión planteó que las autoridades jujeñas no sólo "no garantizaron derechos" de los ciudadanos, sino que además llevaron adelante "una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil".   Para el colectivo interdisciplinario "las autoridades de la provincia de Jujuy utilizaron de manera abusiva, arbitraria e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DDHH", y sin observar los "criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo estado de derecho democrático".   En este despliegue, los miembros de la Misión observaron y constataron la "comisión de graves delitos tanto por acción u omisión de sus órganos ejecutivos y judiciales".   Los integrantes del colectivo consideraron que las autoridades de la provincia de Jujuy deben ser investigadas por "tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares" y atento a que "las graves violaciones a los derechos humanos constatadas configuran delitos de l esa humanidad".